Violaciones a los DD.HH. en el 18-O:
Defensoría revela crudas cifras sobre la falta de acceso a la justicia de la niñez
- 19.04.2021
Estudiantes detenidos durante el estallido social | Agencia Uno
Para la Defensoría de la Niñez, el escaso acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes “propicia
un ambiente de impunidad para quienes han violado Derechos Humanos,
afectando, además, la legitimidad y confianza ciudadana de la
institución a la que esas funcionarias y funcionarios pertenecen, en
este caso, Carabineros de Chile, que es la institución más denunciada en
ese contexto”.
La
Defensoría de la Niñez entregó, este lunes, la Nota Técnica N°2, en la
que se buscó analizar el avance de causas penales relacionadas a
violaciones de Derechos Humanos de niños, niñas y
adolescentes, específicamente en el marco de la revuelta popular.
“¿Ha existido acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, en el contexto del estallido social?”, se cuestionó el Organismo, en el marco del lanzamiento de su Observatorio de Derechos.
De
acuerdo con lo revelado por la Defensoría, la pregunta se responde con
el análisis de los avances en la obtención de verdad y justicia que
realizó la Institución y que revela reducidos progresos en las causas, a
un año y medio del 18-O.
“El
Estado de Chile tiene el deber de investigar y sancionar las
violaciones de los Derechos Humanos cometidas por agentes estatales, lo
que se deriva de su deber de garantía general de los Derechos Humanos”, sentenció la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La
abogada agregó que es por esos hechos que, con esta Nota Técnica, se
busca evidenciar el estado de situación y los avances en la
investigación de los mencionados delitos.
En
el análisis de los registros, obtenidos hasta el 2 de marzo de 2021, a
partir de la información proporcionada por el Ministerio Público, se
presentan preocupantes datos, detalló el Organismo.
Entre
ellos, se revela que de los 1.498 casos recibidos por la Justicia,
desde el 18 de octubre de 2019 al 5 de marzo de 2020, solamente 3,8%
tiene algún imputado conocido y 1% del total ha involucrado la
formalización de cargos.
Por
otra parte, de las 170 denuncias que presentó directamente la
Defensoría de la Niñez a la Fiscalía, sólo en 29% de las relaciones
contactaron a las víctimas para prestar declaración ante el o la Fiscal y
en la mitad de dichas relaciones (51%) derivaron a las víctimas a atención de profesionales especializados, para determinar su situación y necesidad proteccional.
En esa línea, la Defensora de la Niñez señaló que lo descrito “evidencia
la existencia de serias falencias en los procesos investigativos de
causas de interés público y de especial preocupación para el País, al
tratarse de violaciones de los Derechos Humanos de niños, niñas y
adolescentes”.
Ambiente de impunidad
Además, agregó que “con esto no se logra avanzar en la obtención de verdad y acceso a la justicia. No
tener avances reales, a más de año y medio de las vulneraciones
vivenciadas, no contribuye a la obtención de la verdad, ni tampoco
su acceso a una justicia oportuna”.
Para Patricia Muñoz, esto “más
bien, propicia un ambiente de impunidad para quienes han violado
Derechos Humanos, afectando, además, la legitimidad y confianza
ciudadana de la institución a la que esas funcionarias y funcionarios
pertenecen, en este caso, Carabineros de Chile, que es la institución
más denunciada en este contexto”.
Es
por lo anterior que, además de dar a conocer estos datos, la Defensoría
de la Niñez delinea recomendaciones y desafíos en esta materia, tanto
para el Ministerio Público como para el poder Ejecutivo.
Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez
Todos
estos datos se recopilaron y analizaron en el marco del trabajo del
Observatorio de Derechos de la Entidad, que surge en razón de la función
que le encomienda la Ley 21.067, de “observar y hacer seguimiento a
la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a personas
jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de
los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones tales
derechos”.
De acuerdo con la Defensoría, este surge “ante
la necesidad de sistematizar dicho trabajo, y dar cuenta a los propios
niños, niñas y adolescentes, y la ciudadanía en general, sobre
la aplicación, vigilancia y realización de los Derechos Humanos de las y
los niños, niñas y adolescentes que viven en el País”.
Así,
nace este Observatorio, aseguran desde el Organismo, el cual analiza la
situación de los derechos de la infancia y adolescencia en Chile, y no
sólo de casos de vulneraciones de los Derechos Humanos.
Se puede acceder, aquí, a los datos del Observatorio,
donde la información es presentada bajo 23 categorías de derechos de
niños, niñas y adolescentes, a través de diferentes indicadores,
visualizaciones y notas. Asimismo, da seguimiento a los compromisos
asumidos por el Estado y al cumplimiento de las recomendaciones
realizadas por la Defensoría de la Niñez a los diversos poderes y
órganos del Estado.
La agonía seca de Quintay:
Inmobiliaria Santa Augusta concentra el 99% de los derechos de agua mientras habitantes no tienen para beber
Para
los habitantes de la localidad de Quintay, en la Quinta Región, la
situación que viven a diario con la escasez de agua potable para consumo
humano, los hace verse a sí mismos como el ejemplo más brutal de la
desigualdad, al no tener acceso a ella ni para beber, mientras su
vecinos, el resort y cancha de golf Santa Augusta, lucen predios
rebosantes del vital recurso, tras poseer el 99% de los derechos de agua
consuntivos en la zona y contar con piscinas artificiales de agua dulce
para su regadío. Detrás de este consumo desmedido –de acuerdo a lo
señalado en sendos recursos que se encuentran en tribunales– estaría la
razón por la cual se secó el Estero El Jote, que, históricamente,
proveía del vital elemento a la comunidad, y en la misma situación se
encontraría ahora el Humedal Tunquén, cuyas aguas provienen del Estero
Casablanca, también de propiedad de Santa Augusta. Para adquirir tales
derechos –según se estableció durante los alegatos de un recurso de
apelación presentado ante la Corte Suprema y cuyo fallo debiera
conocerse en las próximas semanas–, la inmobiliaria utilizó distintas
empresas relacionadas (tipo cascadas),
pero con el mismo representante legal, Francisco Javier Sepúlveda
Donato, para reunir en torno a ella prácticamente todos los derechos de
aprovechamiento del recurso existentes en la Zona.
Cuando la Corte Suprema, en marzo de este año, sentenció en fallo unánime que "toda
persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al
agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación” y
dispuso la obligación al Estado de proveer de al menos 100 litros de
agua diarios y por persona a los habitantes de las comunas de Petorca,
Cabildo y La Ligua, no tenía en vista la situación de la localidad de
Quintay, en la Provincia de Casablanca. Si en Petorca sus habitantes
estaban viviendo con menos de 50 litros diarios, en Quintay la situación
es incluso más dramática, habiendo días en que no hay ningún litro que
contar: simplemente, no hay agua potable. Y cuando la hay, viene
contaminada...
En el mismo lugar, a los vecinos del Resort
Santa Augusta –donde está emplazada una de las mejores canchas de golf
de Sudamérica, que cuenta con tres piscinas artificiales de agua dulce
para su regadío– no les pasa lo mismo. Las distintas sociedades que
componen la Inmobiliaria Santa Augusta son dueñas del 99% de los
derechos de aprovechamiento de aguas existentes en la Zona.
La
situación de los habitantes de Quintay se ubica en el extremo de la
desigualdad: en el extremo más pobre. Para intentar frenar la expansión
inmobiliaria de Santa Augusta, que se halla en el otro extremo, y que
obtuvo autorización para edificar dos nuevos megaproyectos inmobiliarios
en dicho resort, lo que afectaría todavía más la disponibilidad
de agua, la comunidad espera atenta el pronunciamiento de la Corte
Suprema, que analizó estos antecedentes vía recurso de apelación, para
que pueda volverse una realidad –también para ellos– lo sostenido en el
fallo de Petorca, en cuanto a que "toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano al agua potable".
Ni para una taza de té
En
Chile, el derecho humano al agua no se encuentra garantizado en ninguna
norma, pese a que Naciones Unidas reconociera, explícitamente y hace
más de 10 años, que el agua potable limpia y el saneamiento son "esenciales para vivir dignamente, y una condición previa para la realización de los demás derechos humanos".
A
pesar de ese reconocimiento que, incluso, llevó al relator especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, Leo
Heller, a aseverar. Categóricamente, que el "Gobierno chileno no
cumple sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos
si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos
humanos al agua y a la salud”, la situación en Quintay se convierte, silenciosamente, en la demostración de todo lo contrario.
"No tener para una taza de té. No tenemos agua potable para tomar algo caliente, tampoco para lavar la ropa ni para bañarnos".
Alejandra Porras, secretaria de la Junta de Vecinos de Quintay que,
junto con otros dirigentes, con el apoyo del Comité pro Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, están dando la pelea
para que el derecho humano al agua potable sea una realidad en la
Comunidad, remarca que en sus palabras no hay un atisbo de exageración. "Es triste, da pena, rabia e impotencia", agrega.
Los
vecinos de Quintay vienen sufriendo, hace varios años, una crisis
ambiental que en el último trienio ha llegado a un punto límite. Los
miembros de la Comunidad, ya en 2018, al realizar observaciones al
Proyecto del Plan Regulador Comunal de Casablanca, advertían que el
peligro de una crisis hídrica de magnitudes era irrefrenable; pero, no
fueron escuchados. Por entonces, precisaban que la situación más
compleja se observaba en la época estival, cuando se produce aumento de
la población flotante de hasta 300%, generando mayor demanda para los
servicios de consumo humano y para servicios higiénicos, lo que provoca
desabastecimiento en la población de Quintay.
"Hace
tiempo que venimos quedando sin agua; pero, todo se vuelve peor, cada
día. Ya no es sólo en los veranos. Los que tienen recursos pueden
comprar agua envasada, pero tampoco pueden hacerlo todo el tiempo. Y,
junto a esto, que ni siquiera se puede tener agua potable para lavarse
los dientes, se suma el problema económico por la suspensión de las
actividades turísticas por el tema de la pandemia", relata Alejandra.
Monopolio en los derechos de agua
Según
el Informe Ambiental Complementario, uno de los factores que consume el
agua subterránea es el de las plantaciones de monocultivo, de pino y
eucalipto, en los alrededores y valles circundantes a las fuentes del
recurso y quebradas que otorgan agua a Quintay. En la sección 4.3.2 de
del Informe, se confirma que “la reciente sequía ha afectado la
productividad de la napa alimentada por el Estero El Jote, a lo que se
puede sumar la forestación con eucaliptus, que altera significativamente
la productividad específica de su cuenca".
Asimismo,
la Comunidad ha iniciado un proceso de judicialización, con la
presentación de recursos de protección, en los cuales han detallado que,
junto con el problema de los monocultivos, la gran causa de la sequía
del Estero El Jote es el Condominio Santa Augusta, el que, además de
recibir importante cantidad de personas, cuenta con una cancha de golf
–la más grande de Sudamérica–, para lo cual requiere de 30 litros de
agua por segundo, para cubrir la necesidad de regadío, lo que pone de
manifiesto el fuerte impacto que trae aparejado un proyecto inmobiliario
de proporciones en una zona donde el equilibrio hídrico ya se encuentra
fuertemente desbalanceado.
Según
consta en archivos fotográficos, que datan de enero de 2020 y que
fueron incorporados en los recursos presentados ante la Justicia, "se
puede observar que el Estero El Jote se encuentra prácticamente seco y
que es extremadamente probable que aquello sea consecuencia de la
intervención ilegal y arbitraria de Santa Augusta", dado que posee prácticamente el monopolio de los derechos de aprovechamiento de aguas en la Zona.
Gabriel
Muñoz, abogado de la Comunidad, en representación del Comité Pro
Defensa, explica que Santa Augusta no sólo es propietaria de
prácticamente todos los derechos de aprovechamiento de aguas del Estero
El Jote, con el cual, históricamente, se nutría de agua la población y
que ahora está seco, sino que además posee los derechos de aguas del
Estero Casablanca, con lo que suma 99% de los derechos de
aprovechamiento de aguas, de carácter consuntivo, o sea, que se consumen
y no se devuelven al cauce de los ríos y acuíferos.
Así
como se secó el Estero El Jote, la utilización de los recursos hídricos
del complejo Santa Augusta también estaría afectando al Humedal
Tunquén, Santuario de la Naturaleza, que es nutrido por las aguas del
Estero Casablanca.
Tal como consta en un escrito presentado ante la Corte Suprema el 2020, "el
Humedal de Tunquén, declarado Santuario de la Naturaleza por el Decreto
N° 75 de fecha 10 de octubre de 2014, se encuentra, actualmente, en una
situación límite. La cantidad de agua con la que cuenta se encuentra
muy por debajo de los niveles necesarios para mantener su equilibrio
ecológico. A finales del pasado mes de noviembre, vecinos del sector se
acercaron al humedal y constataron que un sinnúmero de peces se
encontraban muertos, fuera del agua. [...] Lo ocurrido en el
Humedal de Tunquén se encuentra en estrecha relación con lo que sucede
en el Estero de Casablanca y la actividad inmobiliaria [de Santa Augusta] que, para desplegarse, extrae recursos hídricos del mismo Estero Casablanca".
- ¿Cómo se hicieron de toda esa propiedad?
- Desde
fines de los ochenta, en dictadura y, luego, en los 90, en democracia,
se han venido adjudicando todos los derechos. Es más: Santa Augusta, en
el 2001, incluso se opuso a que se le concedieran derechos de agua a la
Comunidad, ello por el daño que provocaría a la inversión privada. ¿Y
cómo lo hicieron? A través de concentrar derechos de agua, en forma de
cascada, en sus distintas personalidades jurídicas.
Bajo el concepto de la teoría jurídica del velo societario’, a través del cual se permite entrar en el entramado de una empresa (o grupos de empresas)
y, así, evitar que esconda sus responsabilidades en un enjambre de
sociedades, se trata –según explica el abogado Gabriel Muñoz–,
indudablemente, de un holding de
empresas relacionadas que fueron adquiriendo derechos a través de las
personalidades jurídicas de la Sociedad Inmobiliaria Santa Augusta, el
Condominio y el Campo de Golf Santa Augusta de Quintay, por Hotelera
Santa Augusta S.A. y/o también Costa Quintay I y II, personas jurídicas
que cuentan con el mismo representante legal, Francisco Javier Sepúlveda
Donato.
La paradoja: hay más derechos concedidos que agua disponible
El
reconocimiento del agua como un derecho en el Código de Aguas está
congelado, hace 10 años, en el Congreso, por contener la frase: “El
acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e
irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”. Los problemas, siempre han sido los mismos: que las modificaciones atentarían contra el derecho de propiedad.
Si
bien existe suficiente consenso en que el problema del agua debiese ser
resuelto en la nueva Carta Magna, el tema constitucional fue analizado
recientemente por el actual Congreso y en plena vigencia de la
Constitución del 80. Para arribar a la instancia de votación que abrió
el debate constitucional de las aguas, tuvieron que transcurrir 12 años.
Se requerían 29 votos a favor en el mismo Senado que aprobó el primer y
segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Pero, no fueron a
votar los senadores Allamand, Harboe, Kast, Prohens, Pugh y la senadora
Von Baer; y votaron derechamente en contra las senadoras Aravena,
Ebensperger y Van Rysselberghe, además de los senadores Coloma, Castro,
Durana, García-Huidobro, García, Moreira, Escandón, Sandoval y Pérez. Y
el proceso fracasó.
A
juicio de los expertos, el ejemplo más claro de cómo el modelo chileno
de gestión del agua le entrega su asignación en términos absolutos al
mercado, se da en aquella paradoja de que para suministrar agua a
localidades en escasez, el Estado debe comprarla a aquellos privados
que, en gran número, la recibieron gratis del propio Estado. Eso es lo
que ocurre hoy: el Estado compra, a través de los fondos de emergencia
de la ONEMI y de los Gobiernos Regionales, camiones aljibes para
distribuir agua.
La
Región de Valparaíso, a la que pertenece Quintay, es un buen ejemplo de
ello: en esta región se han otorgado derechos de agua más de siete
veces por sobre el agua existente.
Agua contaminada
Junto a la escasez hídrica, desde hace años que el comité del APR (Agua Potable Rural) viene suministrando, a la comunidad de Quintay, agua que no es potable como si lo fuera. "Lo
compruebas cada vez que juntas agua. El agua es de color café, es
salobre y, a veces, viene con mal olor. Yo tengo un hijo de menos de dos
años y, hace poco, lo estaba bañando cuando el agua comenzó a ponerse
café y tuve que terminar de bañarlo así. Luego comenzó con alergia a la
piel. Eso les ha sucedido a varias mamás de Quintay, te pica el cuerpo,
la cabeza...", detalla Alejandra Porras.
Por
situaciones como esta, la Comunidad que tiene recursos muy limitados,
de igual forma reunió dinero y contrató un estudio particular para que
analizara las aguas –estudios en que no participaron ni la Municipalidad
ni Santa Augusta– y el resultado fue lapidario.
El
agua arrojó que distintos niveles químicos superaban hasta en 300% el
máximo legal estipulado por los organismos de salud. Se detectó que el máximo de hierro se triplicaba, y más del doble de manganeso, nitratos y sólidos disueltos, entre otros químicos. Según
el análisis, la ingesta recurrente e indiscriminada de estos químicos
puede afectar el sistema nervioso, generando alteraciones motoras,
enfermedades de origen cardiovascular e, incluso, la muerte.
Con
esos datos, presentaron un primer recurso contra la APR de Quintay, la
SEREMI de Salud y la Inmobiliaria, dado que el agua para el consumo de
los vecinos de Quintay estaba contaminada. Un segundo recurso fue
interpuesto contra la Municipalidad de Casablanca, a fin de que el
municipio entregase suficiente agua libre de contaminación en los
estanques dispuestos al efecto. Este último fue acumulado al recurso
anterior, por tratarse de las mismas garantías constitucionales y ambos
fueron acogidos, el 22 de mayo de 2020, por la Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
En
el fallo, se ordenó al Comité APR de Quintay realizar, en el más breve
plazo, que no podría exceder de seis meses contados desde la fecha del
fallo, la instalación de Filtro Abatidor de Hierro y Manganeso y de la
Planta de Osmosis Inversa que le permitiría obtener 400 mil litros de
agua al día. Se ordenó, asimismo, a ese comité, que dentro del plazo
señalado, con independencia de la instalación de las obras aludidas,
debía proveer agua potable a la comunidad de Quintay, ajustada a la
norma contenida en el Decreto 735, Ministerio de Salud, la que deberá
ser apta para el consumo humano.
Y,
por último, se ordena a la SEREMI de Salud de Valparaíso fiscalizar el
estricto cumplimiento a las obligaciones fiscalizadoras que emanan del
Decreto 735, del Ministerio de Salud.
"En
noviembre se cumplió el plazo y la comunidad de Quintay sigue sin agua y
la que tiene no es potable, como lo exige la ley, con todas las
consecuencias que ello trae", afirma Hernán Madariaga, vocero del Comité Pro Defensa.
Megaproyectos inmobiliarios
Uno
de los últimos recursos contra Santa Augusta fue uno de protección,
interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue
rechazado por atribuir a un permiso de edificación equivocado las
autorizaciones para que la inmobiliaria, en pleno conocimiento de la
escasez hídrica y de la dramática situación de la comunidad de Quintay,
iniciara una expansión, a través de dos megaproyectos en la deprimida
zona.
En
lo medular, en el escrito –presentado por Corporación Pro Defensa del
Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y los vecinos de la
comuna de Quintay– se señala, respecto del Proyecto Alto Quintay, que se
trata de un acto ilegal, al ser concedido por la Dirección de Obras de
Casablanca el permiso de edificación sin contar con el Estudio de
Impacto Ambiental que permita evaluar cómo impactará al consumo hídrico
la expansión inmobiliaria, situación que, a juicio de los vecinos,
afecta directamente el derecho a vivir en un medioambiente libre de
contaminación.
"El
Proyecto Alto Quintay produce una serie de riesgos inminentes a los
recursos hídricos de la Zona. Ello trae aparejado, por cierto, un
impacto de proporciones a la localidad de Quintay y a todos y cada uno
de sus habitantes, esclareciendo la subsunción que debe realizarse entre
los hechos objeto del presente recurso y el Artículo 11 letra b), letra
c) y letra e) de la Ley N° 19.300. El no haber sometido el proyecto
Alto Quintay a un instrumento de evaluación de impacto ambiental no sólo
es reprochable desde el sentido común, sino también desde un punto de
vista legal".
Tras
ser rechazado el señalado recurso, la Comunidad elevó una apelación
ante la Corte Suprema, cuyos alegatos se llevaron a cabo a fines del año
pasado, quedando el fallo en acuerdo.
"Esperamos
que el fallo se conozca dentro de las próximas semanas y que, en
definitiva, acoja los argumentos de la gente para que no sólo se
garantice el derecho humano al agua, como en el fallo de los 100 litros
de Petorca, sino que también se detenga el deterioro socioambiental en
la Zona", subraya el abogado de la comunidad de Quintay, Gabriel Muñoz.
“Es lamentable como trata este gobierno a los trabajadores de la Salud”
Presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), Patricia Valderas Silva, aseveró, además, que “no
tenemos ninguna posibilidad de avanzar en beneficios y cuestiones que
les corresponde por derecho al estar enfrentando una pandemia”. Advirtió que “los
trabajadores de la Salud, lamentablemente, están agotados, cansados
física y psicológicamente. Hay 30% de trabajadores que están con
licencia médica, y un porcentaje del 12% es por salud mental”.
- 18/04/2021
Patricia
Vaderas Silva es presidenta de la FENATS y conocer bien lo que está
ocurriendo con los funcionarios en la lucha contra la pandemia del
COVID-19 y atender a la población. Pero, denuncia que “es lamentable como trata este gobierno a los trabajadores de la Salud” y dice que el presidente Sebastián Piñera no escucha las recomendaciones y propuestas.
Advirtió que, “hoy
día, los trabajadores de la Salud, lamentablemente, están agotados,
cansados física y psicológicamente. Hay 30% de trabajadores que están
con licencia médica, y un porcentaje de 12% es por salud mental”.
Patricia Vaderas, también, es candidata a convencional constitucional por el Distrito 21, Región del Biobío (Alto
Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja,
Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete,
Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel, Yumbel) y dijo “que podemos sentir la idea de la gente de cambiar esto y que es necesario una nueva Constitución”.
La dirigenta participó en el programa De domingo a domingo. Sin restricción, de Radio Nuevo Mundo, donde contestó preguntas de los panelistas.
¿Cuál
es la situación que tú aprecias de los trabajadores de la Salud en
Chile? Se habla de que son héroes, se plantean aplausos, loas, se les
señala como ejemplo de la primera línea de la lucha, y la pregunta es
¿reciben, realmente, la retribución que necesitan para hacer esta
dificilísima tarea, en nuestro país?
- Sin
duda que no la reciben. Nosotros hemos estado luchando desde el
principio de la pandemia. Desde enero hasta marzo del año pasado en que
se inició, nosotros decíamos esto va a ocurrir y tuvimos más de cuarenta
reuniones, primero con el ministro saliente, [Jaime] Mañalich, y después con [Enrique] Paris,
tuvimos más de cuarenta reuniones; pero, de todas esas reuniones nunca
se tomó en cuenta la opinión de los trabajadores, lo que estaba
sucediendo en los hospitales y las propuestas que hacíamos nosotros para
ayudar en lo que se nos venía.
Trabajando
en salud, nosotros sabíamos perfectamente lo que podía ocurrir, lo que
está ocurriendo hoy día, y en conjunto con el Colegio Médico y otros
sectores siempre estuvimos en la idea de proponer ideas que fueran a
solucionar el tema, o aminorarlo. En primer lugar, decíamos que
debiéramos tener ejemplos, porque a diferencia de Europa, debíamos ver
los errores que se habían cometido ahí, para no hacer lo mismo y
enfrentar de mejor manera esto. Pero, no solamente nosotros dijimos eso,
muchas voces decían eso, de que lo que está sucediendo afuera ojalá no
nos pase a nosotros. Pero, este Presidente [Sebastián Piñera],
define las políticas de salubridad en tiempo de pandemia, es él quien
define, decide, piensa, hace, no escucha a nadie. Entonces, son los
resultados de un presidente que tenemos autosuficiente: es autoritario.
Hoy
día, los trabajadores de la Salud, lamentablemente, están agotados,
cansados física y psicológicamente. Hay 30% de trabajadores que están
con licencia médica, y un porcentaje de 12% es por salud mental. Tenemos
una merma importante en los trabajadores y lo más peligroso es que los
funcionarios que van saliendo son reemplazados por otros que no tienen
la experiencia en lo que les va a tocar atender. De hecho, nadie está
preparado para una pandemia, pero los trabajadores de la Salud, de
alguna forma, saben lo que tienen que hacer en esos momentos; pero,
aquellos que vienen saliendo, que tienen cero experiencia, se tienen que
enfrentar a la enfermedad, a todos los procesos técnico-administrativos
que deben cumplir para ser parte de un equipo clínico. Que tienen que
estar encerrados por semanas sin poder salir, sin poder ir a su casa, a
ver a sus familias, con turnos agotadores. Hay funcionarios que están
quince días en el hospital, son siete por siete o quince por quince,
pero es agotador, es inhumano lo que están pasando los trabajadores de
la Salud, inhumano.
El
año pasado se dio más presupuesto para contratar más funcionarios y,
también, para los reemplazos; pero, resulta que una cantidad de
funcionarios contratados a honorarios, que ya llevan un año, les tocó
duro, les tocó enfrentarse a la muerte, enfrentarse a condiciones
deficientes en lo que es protección personal, horarios, etc. Lo
enfrentaron porque son valientes y porque estudiaron para enfrentar este
tipo de enfermedades. Entonces, esos funcionarios que ingresaron a
honorarios, no han recibido nada, no les toca bono ni nada, y tienen el
grado menor porque dentro del sistema de salud los funcionarios entran
con el grado más bajo, en todo estamento. Son más mal pagados y no
tienen ninguna bonificación o algo que los aliente a seguir trabajando
en esas condiciones.
Por
supuesto que no sólo ellos han tenido problemas de salud. Ahí,
enfrentamos la situación de que los que están a honorarios se han
contagiado, también. Y contagiados se iban para la casa, sin ningún
respaldo, ni siquiera tenían la posibilidad de una atención gratis en
horas médicas. Eso está muy complejo, tenemos trabajadores en
condiciones que no corresponden. El año pasado tuvimos una negociación
de la Mesa del Sector Público, donde logramos algunos acuerdos para ir
en ayuda de algunos funcionarios que son a honorarios; pero, le ponen la
letra chica a todo y aún después de habernos pagado en diciembre, enero
lo que nos correspondía como acuerdo por la negociación, los honorarios
todavía no reciben su bono. Las autoridades han dicho que este mes o el
próximo, que todavía no se sabe, porque necesitaban la información,
cuestión que, en estos días, en este año, en estos tiempos en que todo
es tecnológicamente posible, ellos no tenían la información.
Es
lamentable como trata este gobierno a los trabajadores de la Salud, es
lamentable como cada vez que pueden abusan del trabajador, y es
lamentable porque en algunos gobiernos anteriores, que eran gobiernos
con los que podíamos conversar y llegar a acuerdo, siempre había una
posibilidad. Pero, con este gobierno los trabajadores no tenemos ninguna
posibilidad de avanzar en beneficios y cuestiones que les corresponde
por derecho, al estar enfrentando una pandemia.
¿Cómo
han sentido el ánimo de la población chilena respecto de lo que se
decide en estas elecciones tan importantes? Hemos escuchado que ustedes
tienen mucha claridad respecto de lo que hay que hacer en esta nueva
Constitución, qué intereses son los que hay que preservar, qué derechos
hay que establecer. ¿De acuerdo a lo que han recorrido por la gran
cantidad de comunas de sus distritos, cómo ven que siente la población
chilena, el trabajador y la trabajadora de estas comunas respecto de
todo lo que estamos hablando? Porque lo importante es que este proceso
sea donde participen millones de personas, no solamente aquellos que
están en los puestos de vanguardia, por conocimiento o por actividades.
- Afortunadamente,
creo yo, estamos en una etapa política de nuestra historia de país que
no la habíamos enfrentado hace mucho tiempo, pero se siente la sensación
con la gente que hoy habla de política, porque cuando hacíamos campaña,
años atrás, la gente sólo recibía, pero no te preguntaba ni buscaba
conversación. Hoy día, la gente sí tiene más información y está más
empoderada y derechamente te pregunta cuáles son tus ideas y por qué
estás ahí, a quien representas. Eso es sorprendente porque,
generalmente, me preguntan a quién represento, por qué lista voy. De los
años que hacemos campaña y estamos en la calle, nunca me tocó enfrentar
que preguntaran qué sector estábamos representando. Eso es un avance,
por algo estamos en esta etapa de cambiar la Constitución. No es una
cuestión al azar. Como decían los cabros, no son 30 pesos, son 30 años.
También, el tema de los pingüinos [movimiento estudiantil secundario] que yo destaco siempre, porque hizo despertar a la gente, animarnos a nosotros que somos los dirigentes sindicales.
Yo
creo que nosotros, como dirigentes sindicales, hemos estado al debe en
enfrentar estos temas que los enfrentaron otros, pero nosotros estábamos
ahí enfrentándolo de otras formas. Yo creo que había que ser más audaz,
más revolucionaria en la forma. De lo que pasó, creo que quizás lo
hubiéramos podido lograr antes si hubiésemos tenido ese coraje que
tuvieron los cabros para hacer lo que hicieron. Creo que eso lo podemos
recoger en la calle, podemos sentir la idea de la gente de cambiar esto y
que es necesario una nueva Constitución.
Hay
mucha gente que tiene muy poca información sobre cómo se va a cambiar,
qué es lo que se va a cambiar y la forma. Lo que yo siempre digo es que
si salgo elegida, lo primero que tenemos que hacer es un reglamento
donde establezcamos la participación ciudadana. Hoy, si no colocamos la
participación ciudadana, no colocamos al pueblo al centro de este debate
y lo que se quiere establecer en la nueva Constitución, vamos a cometer
errores porque debemos tener un respaldo para cambiar todo lo que dejó [Jaime] Guzmán
para que nada se moviera. Nosotros tenemos que tener el respaldo de la
gente, tener a la ciudadanía empoderada y, para eso, debemos elegir
mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo? No sé, cabildos que
convoquen a la gente cada vez que queramos establecer un voto en la
nueva Constitución. Eso es súper importante y es una cuestión que la
gente está esperando pero lo toma un poco incrédula. ¿Tendremos
participación? ¿Podremos hacerlo? Es lo que esperamos, pero no creemos
en los políticos, no creemos tampoco que van a haber grandes cambios.
Como todos sabemos, es muy difícil hacer grandes cambios si no sacamos
los dos tercios de la votación. Y eso, vamos a tener que llegar a
grandes acuerdos pero a espaldas de la ciudadanía. Y eso es lo que la
ciudadanía no quiere, el pueblo quiere ser convocado y vinculante en los
temas que se van a tratar en la nueva Constitución.
BOLETIN MIGUEL ENRIQUEZ.2021 16 DE ABRIL 2021. Noticias de New York Trabajadores inmigrantes esenciales de Nueva York se unieron a exigenc...
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